PROPUESTA DE LÍNEA POLÍTICA
Preámbulo
El propósito de Nueva Izquierda (NI) consiste en contribuir a la organización de una nueva sociedad democrática, fundada en la igualdad, la equidad y la justicia social, para promover las potencialidades de los individuos y las colectividades.
Los integrantes de esta expresión tenemos por principio fundamental el respeto a los Derechos Humanos y por criterio imprescindible el desarrollo social y la sustentabilidad económica.
Nos esforzamos por ser una izquierda renovada y democrática con vocación crítica, con propuestas confiables y sustentadas; comprometida con la sociedad civil y con propuestas para la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Aspiramos a ser una izquierda tolerante, propositiva, progresista, organizada, democrática, sensible, congruente, crítica y autocrítica, pacífica e incluyente, comprometida con las luchas de la sociedad por una mejor calidad de vida.
El proyecto de NI tiene la misión de construir la unidad en la diversidad, por lo que sus integrantes asumimos el compromiso de luchar con racionalidad, responsabilidad y bajo una estricta ética política, por el ideario de la izquierda social y democrática de México.
Trabajamos en el fortalecimiento institucional, organizacional y programático del Partido de la Revolución Democrática, para que éste sea el instrumento fundamental por medio del cual la sociedad construya el cambio, el desarrollo y la democracia.
Con base en lo anteriormente expuesto, presentamos nuestra propuesta de Línea Política (2007-2009) a nuestro partido y a la sociedad, para su análisis y discusión. Su análisis, además de mejorarla, permitirá convertirla en agenda de una gran corriente de opinión que aspiramos conformar y que servirá para construir la unidad y plataforma indispensable para un PRD renovado, fortalecido y triunfador; con una mayoría estable que dirija el cambio interno e incida en la transformación democrática y equitativa de México, así como, para preparase adecuadamente rumbo a la próxima contienda electoral federal.
La lucha democrática antes del 2007
La lucha histórica del PRD y otras organizaciones políticas, sociales y civiles abrieron un proceso de sucesivas reformas al marco jurídico e institucional. Presentamos iniciativas y propuestas que fueron base para el establecimiento de un sistema más democrático, aunque insuficientemente equitativo.
La intervención del ex presidente Vicente Fox en el pasado proceso electoral a favor del candidato de su partido, la red de intereses que se formó para tratar de impedir que nuestro candidato, Andrés Manuel López Obrador, ganara la presidencia de la República y la campaña de odio que desplegó quien hoy encabeza al gobierno ilegítimo del país, evidenciaron, en toda su extensión y claridad, la conciencia de clase y la firme decisión de la derecha conservadora del país de no ceder el poder y el gobierno, aun cuando la votación popular se lo exigiera; la estrategia de la derecha reveló una democracia frágil y limitada, así como unas instituciones políticas manipulables, sin autonomía y en crisis.
Ante la evidencia de la manipulación y el fraude, el bloque de izquierda legalmente constituido, integrado por académicos, intelectuales, artistas, formadores de opinión publica, profesionistas, miembros de sindicatos, organizaciones campesinas, ciudadanas y populares, y militantes del PRD, PT y Convergencia, simpatizantes y militantes priístas y numerosísimos ciudadanas y ciudadanos sin partido, ha actuado con una gran responsabilidad y con sensibilidad, ha escuchado el llamado de la sociedad que reclama que todo cambio deberá realizarse por medios pacíficos.
Significado del proceso electoral 2006
Hoy, las dos principales fuerzas político partidarias, el bloque programático y de reformas neoliberales PAN/PRI y el Frente Amplio Progresista (PRD/PT/Convergencia), representan concepciones encontradas. Por un lado, la derecha más pertinaz, y por otro, una izquierda, que si bien es diversa, sostiene principios de democracia, equidad, institucionalidad y soberanía nacional. En el campo electoral las principales fuerzas son PRD, PAN y PRI, que a pesar de ocupar el tercer lugar mantiene una viva y fuerte presencia en varias regiones del país, postula un discurso nacionalista, pero en los hechos se coaliga con la derecha para imponer el mismo proyecto.
Si el proceso electoral del año 2000 significó un avance en la construcción de una vida democrática, a pesar de que el PRD no obtuvo el triunfo a nivel federal; las elecciones de julio de 2006 representaron la caracterización más precisa de la incongruencia de la derecha mexicana y la efectiva traición a la democracia del PAN y los grupos más conservadores que gravitan alrededor de él.
La contundente negativa del PAN de impulsar un proceso electoral auténticamente democrático, al extremo de orquestar un fraude electoral para impedir a toda costa el arribo de la izquierda al poder; la falta de reconocimiento del triunfo alcanzado por Andrés Manuel López Obrador en las urnas, todo ello y más contribuyó a profundizar la crisis democrática que el gobierno de Vicente Fox se encargo de abrir a lo largo de seis años.
Después del proceso electoral de 2006, la correlación de fuerzas exige reformar integralmente el Estado mexicano. Reforma que debe incluir los ámbitos político, económico y social. A pesar de manifestaciones de autoritarismo y represión como la protagonizada por el Gobernador de Oaxaca y solapada por quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en contra del movimiento magisterial y el movimiento popular de Oaxaca; no obstante los candados y limitaciones que aún prevalecen en el país, debemos trabajar para crear suficientes condiciones que lleven a plenitud el proceso de democratización, la reforma integral de nuestras instituciones y la construcción de un proyecto alternativo de nación, orientado hacia el bienestar de la población mediante la unidad de la lucha popular y de las izquierdas.
La considerable presencia de la izquierda en los espacios institucionales servirá para impulsar reformas que sean coincidentes con el programa del partido y del proyecto alternativo de nación que postulamos, a la vez que puede constituir la base para profundizar la estrategia de acumulación de fuerzas para conformar una nueva mayoría política en nuestro país.
El resultado de la crisis política derivada del fraude electoral contra la izquierda en las elecciones de 2006, representa una oportunidad para la construcción de un nuevo régimen político y un nuevo modelo económico. Lo lograremos, como lo hemos venido haciendo, a través de la vía pacífica y democrática, mediante el voto libre y secreto, con las armas de la razón, el diálogo y la tolerancia, construyendo acuerdos e impulsando el fortalecimiento de la República.
Alcances y limitaciones de la estrategia del 2006
La estrategia adoptada por la Coalición Por el Bien de Todos resultó la más exitosa en la historia de la izquierda, pero limitada para construir una nueva mayoría contundente y vencer a la derecha ahora enquistada en el poder.
Si bien adjudicamos como causa principal de la falta de éxito a la violación del marco jurídico que la opción electoral conservadora utilizó en el proceso electoral ― recepción de aportaciones de fuentes empresariales prohibidas, violación de los topes de gastos electorales establecidos en el COFIPE, uso de recursos públicos con fines electorales, apoyo político y propagandístico del Poder Ejecutivo Federal, propaganda sucia y manipulación mediática, alteración de actas y del conteo de votos, negativa a revisar el proceso y conteo de los sufragios e interpretación tendenciosa de la legislación y la jurisprudencia; de nuestra parte existieron varias limitaciones, tales como: 1) falta de unidad (no se logró aglutinar sólidamente a las fuerzas partidarias y extrapartidarias afines y aliadas); 2) menosprecio de la experiencia y capacidad partidaria de cobertura, promoción y defensa del voto; 3) aislamiento internacional (no se buscaron alianzas con las izquierdas a nivel internacional y no se quiso clarificar el proyecto alternativo de Nación ante actores internacionales de peso); 4) falta de decisiones colectivas y contrapesos; 5) exceso de confianza que subestimó la importancia de dirigir mensajes, tejer alianzas y contraer compromisos con diversos sectores de la sociedad afines a nuestro proyecto (liderazgos políticos locales, feministas, campesinos, ecologistas, estudiantes, comunidad LGTB, entre otros), y 6) la deficiente exposición de nuestra plataforma electoral.
Dicha estrategia mostró deficiencias, también, durante el proceso postelectoral: no se coordinaron adecuadamente la lucha legal y electoral con la movilización, la resistencia civil, los movimientos sociales, la lucha social y los representantes populares en el Poder Legislativo y Ejecutivo. La acción de resistencia y denuncia, aun y cuando se llevaron a cabo otras acciones, molestaron a amplios sectores de la población del Distrito Federal.
Si bien la estrategia que apuesta principalmente al fracaso del gobierno ilegitimo y a la crisis constitucional, cohesiona al núcleo duro de nuestra base política, también es verdad que alienta el alejamiento, e incluso el enfrentamiento, con grandes sectores de la sociedad. Tal posición limita el acercamiento de otras expresiones sociales que compartieron o simpatizaron con el programa presentado por la Coalición por el Bien de Todos, y que siguen siendo esenciales para la construcción de una amplia coalición social y política, que haga posible modificar la correlación de fuerzas en el país. En otras palabras, la estrategia mencionada permite preservar una parte considerable de lo ganado, pero es insuficiente para crecer y convertir en hegemónico el interés de los sectores populares y trabajadores.
El Estado mexicano en la era del gobierno panista
El proceso electoral 2006 demostró que el Estado mexicano, en esencia, sigue siendo autoritario y que la transición mexicana a la democracia permanece tan limitada como inconclusa, tan frágil como insuficiente, situación que ha posibilitado la permanencia del proyecto neoliberal.
Vivimos en aquel peligro para la democracia que hace más de 20 años denunció el filósofo italiano Norberto Bobbio: “…cuando no hay una ciudadanía activa, crítica y organizada que ejerza presión constante sobre los gobernantes y los líderes de los partidos políticos para evitar que el dinero, los intereses personales y los corporativos, perviertan las instituciones democráticas”. En esas circunstancias, las instituciones democráticas se vacían de contenido y niegan sus objetivos de libertad y equidad.
El gobierno de Felipe Calderón carece de legitimidad democrática, por lo que intenta imponer el programa de los de intereses económicos, poderes fácticos y el conservadurismo que representa, para mantenerse en el poder.
El gobierno ilegitimo no representa únicamente la continuidad del neoliberalismo y de la plutocracia foxista, sino, además, el predominio de una derecha que intenta imponer sus principios morales y culturales a la sociedad, violando la ley y manipulando los medios de comunicación y las instituciones nacionales.
Ante su ilegitimidad, Felipe Calderón no se ha cruzados de brazos. Ha retomado experiencias de la derecha en varias partes del mundo e irresponsablemente ha colocado a las fuerzas armadas en el centro del acontecer político; ha intentado apropiarse de los símbolos del ejército y desplegado una campaña propagandística para presentarse como audaz, valiente y fuerte, a partir de acciones más espectaculares que efectivas en entidades federales asoladas por el crimen organizado y el narcotráfico. Relacionado con esto se propuso complacer a Estados Unidos, entregándoles sin traba ni proceso de por medio a los criminales que éste solicite.
Por su parte, la izquierda en resistencia ha sido sometida a una campaña de desprestigio que sólo puede compararse con ocurrida en 1988 en contra del Frente Democrático Nacional. En este contexto, se ha pagado un costo social que pudiera traducirse en aislamiento político y descalabros electorales. No debe olvidarse que la inquina de Carlos Salinas de Gortari llevó al PRD al 8% de los votos, tres años después de su fraudulenta elección. En este año habrá elecciones en catorce estados y será preciso aprender de la experiencia y actuar con sensibilidad e inteligencia para salir bien librados de escenarios poco favorables. Nuestros adversarios ya se frotan las manos y hacen escarnio de una eventual disminución de nuestra votación, endosándosela a la estrategia postelectoral encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el PRD tiene entre otras fortalezas que gobierna cinco estados, en el Congreso de la Unión cuenta con las mayores bancadas en su historia y una estructura nacional que, a pesar de sus problemas, cuenta con una importante capacidad de movilización e incidencia en el debate político de sus localidades.
Contexto internacional
A cinco años de los atentados terroristas en Estados Unidos, su gobierno ha dejado una oleada de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos del mundo y transgredido sistemáticamente el derecho internacional, perpetuando la crisis del sistema internacional representado en la ONU y sus órganos de decisión política y seguridad mundial.
La crisis de la ONU subsistirá en tanto no haya una reforma que permita que a su Consejo de Seguridad se incluyan nuevos actores internacionales que reflejen el actual orden multipolar.
Esta situación de definiciones mundiales también alcanza a las organizaciones financieras como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que en su interior reflejan grandes problemas para llegar acuerdos en materia comercial y financiera por las crecientes criticas de gobiernos del Sur, organizaciones no gubernamentales, académicos, artistas, etc.
Para abonar a esta crisis mundial, aún continúan el conflicto FARC–Gobierno Colombiano y las escaramuzas bélicas en Medio Oriente, incluyendo las ocupaciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak.
Durante los dos últimos años, en América Latina y el Caribe se han generado cambios en sentido contrario al impuesto por los neoliberales. Presenciamos el ascenso de fuerzas y partidos de izquierda. En el 2006, más del 70% del electorado latinoamericano acudió a las urnas y opto mayoritariamente por alguna opción de izquierda, teniendo como prioridades los temas que más agobian a nuestras sociedades y que son recogidas y plasmadas en los planes de gobierno de las fuerzas progresistas que están accediendo al poder en la región.
Es necesario reflexionar sobre los costos que para el neoliberalismo tiene la llegada al poder de estas fuerzas en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, la fortaleza del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, de Tabaré Vázquez en Uruguay y el refrendo de Lula en Brasil; así como los obstáculos que se les han impuesto para desarrollar sus respectivos proyectos políticos, en aras de solidarizarnos con los pueblos y gobiernos de la región.
La estratégica relación con la República de Cuba se encuentra gravemente lastimada, limita nuestros tratos comerciales y enfría nuestra presencia y solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano, lo cual ha acentuado el alejamiento de México de la agenda y política latinoamericanas. Tenemos diferendos con Venezuela, Bolivia y Chile.
Por otro lado, Estados Unidos endurece su política migratoria, rechaza las propuestas de un acuerdo migratorio y amenaza construir un muro fronterizo para detener la migración, lo cual no se logrará hasta que haya un cambio en las políticas económicas neoliberales que expulsan ciudadanos de los países de la región y de nuestro propio país.
El Dialogo Político con Europa, está cancelado y la posición actual expresada y adoptada por el gobierno ilegítimo es de bajo perfil y no parece que exista la voluntad política para reactivarlo.
Líneas de acción Política
A principios del año 2007 se vislumbran tiempos difíciles y de importantes definiciones para la izquierda. En este sentido, en los próximos meses se deberán realizar reuniones regionales y nacionales con el propósito de revisar críticamente la coyuntura nacional y los posibles escenarios para este periodo. Se tratará de un esfuerzo colectivo para revitalizar la discusión en el PRD y, lo más importante, posibilitar un mayor acercamiento con la sociedad.
En materia de línea política, por medio de un ejercicio de acercamientos sucesivos, es necesario, primero, identificar los puntos de consenso y disenso y resolver sobre ellos, para después definir una estrategia que impulse nuestro programa político, consolide el crecimiento electoral obtenido en las elecciones de 2006, evite nuestro aislamiento político, detenga las pretensiones de la derecha de enquistarse en el poder y convertirse en la corriente política hegemónica, así como para reafirmar que somos una opción viable en la disputa por el poder en el nivel local, estatal y nacional, particularmente en las 14 elecciones locales del 2007, así como en las del 2008.
Es imprescindible para lograr el éxito que la estrategia que sigamos sea permeada, estructurada y orientada por la unidad cada vez más fuerte de las izquierdas mexicanas en general y del PRD, en particular, después de las elecciones federales de 2006.
En este contexto, se han expresado dos tendencias básicas en el interior del PRD. Ambas coinciden en que el momento político cambió con la ofensiva de la derecha y su expresión última en el fraude electoral de julio de 2006, así como también reconocen la usurpación de la cual fue objeto el PRD y sostienen la ilegitimidad del actual Ejecutivo Federal. Éstas son:
a) La que señala que con el fraude cometido se impide cualquier posibilidad de acuerdo en los espacios institucionales y, por el contrario, se impulsa una estrategia de confrontación basada en la movilización, con el objetivo de que el gobierno ilegitimo fracase y se derrumbe en una gran implosión; estrategia en la cual la vía electoral aparece agotada.
b) La que postula combinar la movilización social con la participación plena y activa en los procesos electorales y en las instituciones del Estado; desarrollando una estrategia de consolidación y avance electoral, impulsando, además, en el trabajo legislativo y de gobierno las propuestas programáticas del PRD, del FAP y de la CND.
Dilucidar el camino a seguir entre estas dos posibilidades, es el centro de la discusión actual sobre línea política entre las izquierdas mexicanas.
La verdadera democracia parte de la igualdad esencial de los seres humanos y se expresa en la equidad y pleno ejercicio de los derechos humanos integrales, entre los que la libertad ocupa un lugar de primer orden. Por ello y debido a las profundas diferencias ideológicas, programáticas y de cultura política, el PRD no reconoce la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón y tiene la obligación de mantenerse como oposición firme, sin embargo, el centro de su acción política no es el derrocamiento ni el debilitamiento del Estado, sino la transformación social, política y económica de nuestro país.
En este sentido, el PRD deberá intensificar su trabajo a favor del cambio democrático asumiendo su papel como oposición de izquierda socialmente útil, con una actitud propositiva y, a la vez, enérgica para construir un nuevo régimen político y social que recoja las demandas y defienda los intereses más sentidos de las mayorías.
Es decir, el PRD presentará alternativas en los diferentes espacios institucionales en donde sea posible pero se movilizará para resistir medidas antipopulares y transformar las instituciones políticas y jurídicas, buscando la democratización de esos espacios mediante la movilización y el cambio de las leyes. Esta estrategia no obvia la magnitud de la crisis; al contrario, parte de ella para sostener la imperiosa necesidad de realizar cambios profundos en las instituciones y asegurar que lo acontecido en las elecciones presidenciales del año pasado no vuelva a repetirse.
La fuerza social movilizada sirve para arrancar, destrabar e inclinar las reformas planteadas en un Congreso donde se es minoría y necesita el voto de otras bancadas para que sean aprobadas. De esta manera, además, se busca evitar el aislamiento y romper con la imagen distorsionada que han construido del PRD, en la que se le identifica como un partido que apuesta al fracaso del país.
Para evitar que una oposición constructiva en el Congreso de la Unión sea utilizada como fuente de sostenimiento y legitimidad de un gobierno impuesto, debe ponerse como máxima prioridad, como condición indispensable para caminar por el camino de los acuerdos parlamentarios, que se concrete la reforma del Estado y, en primerísimo lugar, la reforma electoral de avanzada que se ha venido trabajando en el Senado y que, como resultado de la misma, cambie a los actuales Consejeros Electorales y cancele la posibilidad de repetir un fraude electoral más.
Para lograr este objetivo estratégico deben converger todos los esfuerzos de nuestros actores, desde la Presidencia Legítima de Andrés Manuel López Obrador, nuestros gobernadores, presidentes municipales, legisladores, dirigentes, militantes y aliados; poniendo en tensión todas nuestras fuerzas para conseguir ese objetivo.
Es evidente que esta estrategia que da una gran importancia al Congreso evitaría el riesgo del auto aislamiento del PRD y contravendría la proyección mediática de éste como una organización contestataria, estridente, conflictiva y sin propuesta ni capacidad de llegar a acuerdos para avanzar; en suma, un partido perverso para el país y sin capacidad de generar confianza en amplios sectores de la sociedad, tal y como suelen presentarlo sus detractores con la expectativa de que se convierta en un partido electoralmente marginal.
La movilización es el correlato indispensable del Congreso. Sería un absurdo imperdonable pensar que sólo la calle definirá el derrotero de la crisis. No hay victoria posible del movimiento si no se gana también el debate y se disputa en serio a la opinión pública, no obstante la situación desigual y desventajosa que existe en los medios de comunicación. Tenemos que desplegar la imaginación y prepararnos para el debate con seriedad y rigor. Hay que llegar a la sociedad de mil maneras, pero hay que llegar a ella para convencerla. El terreno de batalla también es el de las ideas.
Asimismo, es necesario escoger detenidamente las batallas en las que utilizaremos nuestra fuerza, invirtiendo nuestro capital político en cuestiones trascendentales para la Nación.
La tarea, en lo inmediato, es construir una correlación favorable a las izquierdas, que permita al PRD y a sus aliados, impulsar los proyectos de cambio que centran su atención en atacar la desigualdad, el autoritarismo y la corrupción.
El PRD buscará construir el más amplio abanico de alianzas programáticas con la mayoría de las fuerzas de izquierda y progresistas. El tejido de esa alianza debe construirse, también, con la incorporación de pequeños, medianos y grandes empresarios que se comprometan con la construcción de una nueva sociedad y un Estado Democrático y Social de Derecho. Las clases medias deben ser parte central de una estrategia de cambio social que fortalezca todos los órdenes de la vida social, cultural, política y económica del país.
Con el fin de construir esta correlación de fuerzas, el PRD debe desarrollar un intenso proceso de organización y movilización acompañado de la búsqueda de confluencia de diversas fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo reformas de carácter democrático y popular.
La acción del PRD tiene como uno de sus objetivos principales, impulsar sus Principios y Programa, así como ser un instrumento para expresar y atender las demandas populares y reivindicaciones progresistas surgidas desde la sociedad.
Sus principales ámbitos de acción son las organizaciones de la sociedad, la movilización política y social, la acción legislativa, el ejercicio de gobierno y los procesos electorales, así como los encuentros y alianzas en busca de un proyecto nacional alternativo. Se trata de avanzar de manera constante para ir alcanzando las transformaciones democráticas y de justicia social, económicas y de soberanía nacional que requerimos.
Sin diluir su carácter opositor, el PRD buscará acuerdos políticos sobre problemas específicos, inclusive un acuerdo integral entre las diversas fuerzas nacionales para avanzar en la transición democrática, teniendo como limitante que estos acuerdos sean compatibles con el Programa de la Revolución Democrática.
Es tarea fundamental del PRD contribuir en el fortalecimiento continuo del Frente Amplio Progresista, luchando por un proyecto alternativo de nación y contra el conservadurismo cultural y el neoliberalismo económico, la falsificación de la democracia y la corrupción de nuestras instituciones.
El crecimiento y fortalecimiento del Frente Amplio Progresista, y su encuentro con otras organizaciones y frentes de izquierda, es una tarea prioritaria para salvaguardar la independencia y soberanía como condición para la adecuada inserción del país en la globalización; que de certidumbre al empresario, pero también a los obreros, a los campesinos y a los indígenas, a los jóvenes y a los adultos mayores, a las mujeres y los niños; que garantice las condiciones para la inversión y el crecimiento, pero también para el empleo y la distribución equitativa del ingreso y el bienestar.
Gobernabilidad
La vía democrática en México está amenazada por el clima de intolerancia, militarización y soluciones de fuerza que el gobierno ilegitimo instrumenta para tratar de legitimarse ante la sociedad. La escalada represiva polariza aún más la vida política de la nación con resultados destructivos para la democracia. Para impedir esta dinámica y evitar seis años de ingobernabilidad se requiere, antes que nada, respetar las libertades democráticas. A mediano plazo, es necesario que el Congreso de la Unión defina una agenda mínima de reforma del Estado que permita un “compromiso histórico” y un pacto de carácter social, político y económico.
En materia económica, existe la posibilidad de que el déficit comercial y el déficit fiscal de Estados Unidos lleguen a un límite, obligando a este país a una devaluación del dólar y un aumento significativo de las tasas internacionales de interés para restablecer el equilibrio macroeconómico. De suceder lo anterior, las repercusiones para la economía mexicana serían muy graves. No hay que descartar la posibilidad de que durante los primeros años del próximo gobierno federal haya inestabilidad económica internacional, con consecuencias negativas e inmediatas en nuestro país.
Así, se puede dar el caso de que en México la crisis de legitimidad se vea acompañada de desequilibrios en el plano financiero internacional, lo cual colocaría al país en un serio riesgo de estallido social. Ante esta posibilidad, las izquierdas deberán buscar la construcción de un gran acuerdo nacional que permita retomar el camino de la transición democrática.
La responsabilidad adquirida por el PRD a partir de las elecciones de 2006 nos obliga a actuar con altura de miras y ser garantes de una nueva gobernabilidad democrática.
Ante este panorama, el PRD deberá actuar como eje central para la construcción de una nueva gobernabilidad democrática, sustentada en la construcción de una nueva constitucionalidad y la refundación de las instituciones de la Republica.
Por tal motivo y ante el marco histórico de la necesaria transición democrática de las instituciones políticas, es imprescindible que todos: partidos, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanas, actuemos en consecuencia con respeto no solo al orden jurídico y constitucional, sino además bajo el imperio de una ética política antagónica a la corrupción, la manipulación, el derroche, la inequidad y la calumnia.
Alianzas electorales
Para ganar las elecciones futuras requerimos un partido sólido y unido, que comparta y aplique una estrategia única, de tal manera que sirva de polo magnético para la unidad de todas las demás izquierdas y sea su instrumento electoral. Necesitamos una unidad mayor que la lograda hasta ahora.
La tarea conjunta del PRD-FAP-CND resulta estratégica para este cometido, sin que impida eventuales alianzas electorales estatales y locales, casuísticamente analizadas, con otros partidos, excepto Acción Nacional.
Nos enfocaremos a no perder el impulso que nos da el movimiento social y ciudadano que estamos construyendo, por lo que acompañaremos a estos movimientos en una lucha por el bienestar individual, familiar, social y colectivo. Fortaleceremos al partido sin prescindir ni avasallar al movimiento.
En el esfuerzo por aglutinar y sumar fuerzas, se arrastran vicios y errores del pasado junto con las virtudes, los arrepentimientos y la reorientación del camino. Ningún partido, corriente, organización, frente o movimiento pueden vanagloriarse de pureza inmaculada. En la lucha por conquistar la democracia y la equidad, es mucho más importante y trascendente el a dónde vamos que el de dónde venimos.
Para superar los errores, deficiencias, defectos, limitaciones y contradicciones proponemos colectivizar los análisis y decisiones. Ahora es el momento del debate desde la base, la autocrítica profunda, la recomposición orgánica y la recuperación de la ética, así como de un ambicioso programa de formación política y reflexión
Es necesario mantener cerca, supervisar, hacer crecer y cohesionar a los aliados para vencer a los contrincantes. De esto trata la estrategia de acumulación de fuerzas aunque no todas sean idénticas, ni igualmente confiables o sólidas, o de una vez y para siempre.
Mantendremos como nuestros aliados, a los partidos y organizaciones integrantes del FAP así como con los amplios sectores sociales que participan políticamente a través de la CND. Habremos de realizar los esfuerzos necesarios para acercarnos a colaborar con otras izquierdas, como las que participan en el Diálogo Nacional para unir resistencias contra la derecha neoliberal y por un proyecto nacional alternativo.
Buscaremos un gran acuerdo con los trabajadores, el sindicalismo democrático y con los grupos democráticos de las organizaciones copadas por la vieja burocracia sindical, para discutir con ellos la construcción de una propuesta de reforma laboral que, en primer lugar, garantice la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras; transforme y democratice sus organizaciones; elimine la intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales; establezca los necesarios equilibrios entre los factores de producción y asegure políticas publicas para un empleo digno remunerado de una manera justa y equitativa. Asimismo, este pacto buscará romper el acuerdo entre los líderes charros y el gobierno ilegitimo, tendiente a mantener las viejas prácticas y estructuras corporativas.
Aplicaremos una política unitaria frente al movimiento campesino, pugnando por la mayor unidad de acción posible entre todas las organizaciones campesinas, independientemente de la afiliación partidista de las agrupaciones o sus dirigentes. Seremos el instrumento de los campesinos y el desarrollo sustentable para expresar sus reivindicaciones y proyectos.
El PRD hará contribuciones efectivas al desarrollo de los movimientos de derechos humanos, tales como el de la equidad entre los géneros, el respeto por los derechos de la juventud y el de defensa del medio ambiente, respetando en todo momento su conducción política autónoma y sus formas particulares de expresión. La lucha por los derechos humanos integrales, individuales, sociales, políticos, colectivos y culturales convertirá su expresión integral, ampliación y concreción en el centro de sus tareas programáticas y de gobierno.
El PRD establecerá vínculos con las organizaciones que defienden la diversidad sexual y luchan contra el VIH/SIDA, sensibilizando a militantes, dirigentes y representantes, promoviendo la educación, acciones afirmativas y representación de este sector.
Lucharemos junto con las organizaciones indígenas para lograr el reconocimiento pleno de un Estado multicultural y pluriétnico, en donde las comunidades indígenas tengan asegurados por lo menos el cumplimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés y sus derechos humanos integrales.
Estableceremos un acercamiento permanente con organizaciones de empresarios, con Pequeñas y Mediana Empresas (PYMES), con prestadores de servicios y ciudadanos emprendedores que, en el marco legal, desarrollan sus actividades y contribuyen con el desarrollo económico del país y que, a la vez, forman parte del tejido social que demanda mejoras institucionales, gobiernos democráticos y transparencia administrativa.
Gobiernos del PRD y elecciones locales.
Los principios que rigen nuestra actuación están inscritos en nuestros documentos básicos, y el ámbito natural de acción es la movilización social, el ejercicio de gobierno y las iniciativas legislativas. Ámbitos que deben responder a las demandas de la sociedad y de sus diferentes actores.
En este sentido gobernamos para todos, no solo para los sectores organizados. Así la relación del Partido con sus representantes populares (gobernadoras y gobernadores) presidentes municipales, legisladores locales, síndicos y regidores), tiene por un lado la obligada participación activa de nuestros gobernantes y legisladores en la vida y decisiones partidarias, en el debate y la propuesta de los problemas sociales; por otro lado, la necesaria evaluación y supervisión política que el Partido debe tener con sus miembros en responsabilidades de gobierno y legislativas.
El PRD buscará conjugar armónicamente los planteamientos programáticos con un buen ejercicio de gobierno, con base en los siguientes principios generales:
§ Gobierno austero, que prioriza el uso de los recursos disponibles hacia los servicios, obras, programas de beneficio social.
§ Honradez y espíritu de servicio en congruencia con las necesidades sociales.
§ Administración eficiente y eficaz.
§ Diálogo y concertación con los ciudadanos y las organizaciones sociales.
§ Desarrollo municipal con enfoque sustentable.
§ Compromiso con la educación, la ciencia y las manifestaciones culturales.
§ Participación ciudadana y construcción de ciudadanía activa.
§ Vigencia del Estado social de derecho que preserve el bien público por encima de intereses particulares.
§ Defensa, promoción, y garantía de los derechos humanos integrales.
§ Transparencia en el uso de los recursos y en la información de la hacienda pública.
La rendición de cuentas en la actividad gubernamental, tiene por objeto ofrecer a la sociedad el balance de las acciones y los resultados de la gestión pública. Sólo así, los ciudadanos tendrán los elementos necesarios para evaluar el desempeño del gobierno y estar en condiciones de calificarlo.
La norma de conducta ética que rige el ejercicio de nuestros gobiernos y nuestra actividad legislativa es la austeridad republicana; cuyo significado profundo está en el compromiso social que deben asumir todos los servidores públicos de ejercer una administración responsable, honesta y eficiente de los recursos a su cargo, para reconducir el gasto público hacia los programas que tienen como propósito el avance hacia una mayor justicia social, que constituye el valor principal de la izquierda democrática.
Seremos contrapeso y fiscalizaremos a los gobiernos emanados de nuestro partido y sus alianzas con igual o más dureza que a nuestros adversarios. Nuestro punto de referencia serán la Declaración de Principios y el Programa del Partido así como la ley. Especialmente en materia de honestidad, honradez, eficacia, eficiencia y lucha contra la corrupción.
Impulsaremos la transparencia y la rendición de cuentas como una práctica cuyo objeto es, que tanto en la operación y funcionamiento de la administración pública, de los bienes y los recursos, así como de las estructuras de gobierno y de todo el servicio público, no se oculte nada al pueblo soberano.
Haremos todo lo que este a nuestro alcance para que sea aprobada la iniciativa del PRD que contiene la propuesta de fijar un máximo a los sueldos de todos los funcionarios públicos.
Por otro lado, para afrontar las limitantes jurídicas, institucionales y constitucionales de tal manera que sea posible como gobierno contribuir al desarrollo local, profundizaremos el debate en materia fiscal, el reconocimiento a la diversidad en materia municipal (étnica, cultural, demográfica...), sobre las facultades de los tres órdenes de gobierno permitiendo mayor potestad tributaria a los gobiernos locales, así como una delimitación más equitativa de las competencias correspondientes.
Trabajaremos para democratizar el cabildo a partir de delimitar las funciones, ampliar las facultades de regidurías y sindicaturas, revisar el esquema de representación electoral y normar mecanismos de participación ciudadana.
Para fortalecer el desarrollo institucional y el desarrollo local, propondremos la institucionalización una instancia partidista que acompañe, atienda y sirva a nuestros gobiernos municipales, en las distintas áreas de su actividad: una Coordinación Nacional de los gobiernos locales integrada por sus actores principales y las autoridades municipales.
Con base en los principios mencionados, propondremos planes de gobierno y agendas legislativas al electorado para refrendar nuestra mayoría en las elecciones estatales y municipales de Michoacán, Zacatecas y Chiapas, en lograr un significativo avance en Yucatán, Baja California, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y particularmente en Oaxaca, así como en recuperar nuestra mayoría en Tlaxcala.
Retos internos del PRD
El compromiso del PRD ante esta etapa de la historia nacional es el de concentrarse en superar sus deficiencias orgánicas, políticas e ideológicas en los niveles nacional y regional, en construir un partido maduro guiado por sus Principios y Programa, con verdadera cobertura nacional, debidamente institucionalizado en sus normas y prácticas.
El partido tiene que aprovechar la coyuntura actual para reorganizarse. Resulta necesario darle dirección y cohesión para apoyar al amplio movimiento social y los gobiernos estatales y municipales de izquierda. Hay que poner en marcha su refundación, definir la relación, estrategias y espacios compartidos entre el instituto político y los ciudadanos que no están en él. Construir la institucionalidad democrática que la realidad social está demandando y actualizarla a los nuevos tiempos y circunstancias.
El PRD se comporta a ratos como un frente político, a ratos como un partido disciplinado. Siendo una organización de izquierda, su tendencia natural debiera ser la de una organización de masas, sin embargo, en la medida en que el Partido ha asumido responsabilidades de gobierno, ya sea en las funciones administrativa o legislativa, lo que exige una formación más allá de la básica, orientada a la participación en gobiernos y procesos legislativos.
Así, nos encontramos ante la paradoja de la organización de las masas y la necesidad de su formación política. El crecimiento cualitativo y una mayor correspondencia con las reivindicaciones de las masas, traerán por consecuencia una mayor participación de nuestros cuadros en la vida institucional y la posibilidad de incrementar nuestras capacidades político–electorales.
Es vital hacer énfasis en las características de una política de participación partidaria. Como primer elemento se debe considerar los contextos sociales en donde se pretende hacer llegar la presencia social del partido; así se proponen los siguientes ámbitos y sujetos:
1) Grupos sociales marginados; 2) Obreros y Campesinos; 3) Mujeres, Jóvenes e Indígenas; 4) Clases Medias; 5) Amas de Casa; 6) Estudiantes, Profesionistas y Técnicos; 7) Sindicatos y Cámaras empresariales; 8) Organizaciones civiles y sociales; 9) Pequeños y Medianos empresarios; y 10) Organizaciones Internacionales.
En paralelo, resulta necesaria la elaboración de un plan orgánico y de eficiencia política que contemple el desarrollo y la presencia partidaria regional, sobre todo en varios estados del norte del país (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa y Aguascalientes), la del Bajío Centro y Yucatán, donde nuestra fuerza es limitada, débil y, a veces, meramente testimonial.
La confianza depositada en los votos de los electores en el 2006, nos obliga a darle a la organización partidaria y la divulgación ideológica el carácter de acciones prioritarias de la participación política ciudadana. Hacer que los militantes y simpatizantes del PRD participen como ciudadanos responsables en la vida política, sobre la base de una creencia o doctrina política común, y no como consecuencia de una contraprestación o gestoría realizada desde el partido y sus organizaciones sociales.
Si bien es importante resaltar la actividad de las organizaciones sociales afines al PRD, vale la pena hacer notar que al interior de su estructura organizacional no todas parten de una concepción democrática, sino que se han transformado en simple espacio de gestoría clientelar.
En consecuencia, quedan imposibilitados de competir o disputar el poder público frente a quien lo ostenta, y supeditados a éste en la obtención de recursos. Así, para el caso de las organizaciones sociales, debe orientarse su hacer hacia las prácticas autogestionarias, que garanticen la democracia y autonomía, frente al Estado y al poder económico. Saltar desde la apertura a la participación individual de los ciudadanos en la vida del partido, al impulso de las organizaciones sociales, democráticas, que adopten los principios de democracia, autogestión e independencia y contribuyan al control y supervisión sobre el gobierno.
Con tales propósitos e insertos en una estrategia unidireccional, es posible contribuir a la formación y mejoramiento de los comités de base del partido. Los comités de base del PRD deben trabajar asociados en cada sección electoral con las organizaciones sociales afines. Ser escuelas de enriquecimiento ideológico y divulgación partidista; centros de discusión de los problemas comunitarios, instrumentos de reivindicación y gestión social, un espacio de acción cultural dirigido a la construcción de la política desde una expectativa de izquierda.
Proponemos convertir la unidad de acción y la cohesión internas en una de las características del partido. Para lograr lo anterior proponemos: Rediseñar la competencia interna por puestos; anular el poder del dinero dentro del partido; redescubrir la ética como instrumento de cambio y guía partidaria (transparencia, honradez, respeto, dignidad, compromiso y visión de futuro); construir la institucionalidad nacional y vida institucional en los estados y eficientar la administración de sus recursos materiales y su aparato organizacional.
Relaciones Internacionales del PRD
La situación de crisis en los ámbitos económico y político en el nivel internacional confirma la necesidad de definiciones que debemos adoptar y discutir en el partido y en el ámbito de las izquierdas para promover una actividad intensa y proponer proyectos.
En el ámbito internacional el PRD debe buscar de manera urgente un diálogo político y económico verdadero con los partidos progresistas de América Latina y el Caribe, tender puentes de comunicación con los partidos de izquierda y socialdemócratas de Europa, trabajando en primera instancia con las fundaciones de estos partidos en México.
No es un tema menor, pero si de una gran responsabilidad que pasa por la voluntad política de nuestra dirección nacional.
Debemos impulsar una discusión partidista amplia, respecto a:
*Relación con los Estados Unidos en diversos temas como el migratorio, el agrícola, la seguridad internacional e inversiones. Urge promover un diálogo urgente con el Partido Demócrata, sus dirigentes y precandidatos a la presidencia de ese país.
*Vínculos con los partidos de América Latina y el Caribe que actualmente son gobiernos nacionales con la finalidad de compartir experiencias de gobierno e impulsar acuerdos de formación política. Debemos explotar la cooperación interpartidista.
*Debemos vincular académicos, intelectuales, profesionistas y dirigentes políticos y sindicales a estas experiencias de formación y de intercambios a través del Foro de Sao Paulo, la Internacional Socialista y fundaciones de los diversos partidos políticos como Perceu Abramo (PT Brasil), Friedrich Ebert (PSD Alemania), Jean Jaurès (PSF Francia), Pablo Iglesias (PSOE España)
*Definamos qué tipo de relación debemos tener con los partidos Socialdemócratas, verdes y socialdemócratas cristianos de Europa.
*Finalmente, reflexionemos sobre la conveniencia de qué tipo de vinculación debemos tener con los organismos financieros internacionales.
Encarar, esto requiere de distintos niveles de compromiso en aquellas organizaciones internacionales en las que el partido participa. Las medidas que adoptemos en esta materia inciden en aquellos partidos políticos con los que compartimos la misma finalidad, programas y principios democráticos. Estos se encuentran representados particularmente en el seno de la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo. Con ellos caminamos en la construcción de alternativas, propuestas y argumentos que demuestren la factibilidad y viabilidad de un nuevo orden mundial democrático y justo.
Paralelamente a lo anterior hay, la responsabilidad de participar activamente en movimientos de solidaridad con pueblos y naciones en lucha por su soberanía, de cooperación por la paz, el desarrollo y la democracia y de resistencia a las políticas neoliberales y militaristas.
Se trata de construir con nuevas formas de vinculación una gran alianza internacional, en especial para América Latina, con fuerzas democráticas y de izquierda, gobiernos, partidos, organizaciones sociales y ciudadanas, intelectuales y académicos, para pensar y diseñar el conjunto de ideas y proyectos que derroten a los del neoliberalismo imperante, y para organizar y luchar por ellas.
Ejes Programáticos
El PRD impulsará sus Documentos Básicos y desarrollará los cinco puntos que aprobó la Convención Nacional Democrática (construir un Estado de bienestar y combatir la pobreza y la desigualdad; defender el patrimonio de la nación; hacer valer el derecho público a la información; rechazar el Estado patrimonialista y que el gobierno siga en manos de una minoría y luchar por la renovación profunda de las instituciones), a la vez que promueve la Agenda del Frente Amplio Progresista.
La aspiración de establecer un Estado democrático, socialmente responsable, en nuestro país es la motivación que ha movilizado a millones de mexicanos en el movimiento democrático nacional.
Una nueva constitucionalidad debe ser la expresión jurídica fundamental del Estado democrático y social, en la que se plasmen los derechos políticos y sociales, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de la mujer, la juventud, la niñez y de las mujeres y hombres de la tercera edad, el acceso de todas y todos a la justicia; los derechos de los pueblos indios; la preservación y disfrute de los recursos naturales, y el ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo para que éste participe en los procesos de integración económica, política y cultural, sobre la base de la lucha contra la expoliación de unos países por parte de otros y en favor de la igualdad entre las naciones, la cooperación internacional, la paz y la solidaridad.
Se requiere plantear un programa de reformas democráticas en las instituciones del poder público, los medios de comunicación y la economía que sirva de marco para construir un clima de confianza y de tolerancia para el desarrollo, la modernización y un sistema de ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos y las libertades.
Los actuales acontecimientos y la necesidad de superar el viejo régimen político imponen la construcción de una profunda reforma del Estado, debido a que el importante avance democrático de los últimos años no ha sido acompañado de una nueva cultura política. Persisten las tradiciones, actores y reglas del viejo régimen. Las estructuras políticas del viejo régimen se han mantenido, a pesar de que son inoperantes para enfrentar los grandes problemas nacionales, por lo que resulta necesario construir una nueva cultura política que conlleve innovadoras prácticas democráticas que abarquen todo el espectro político y social. Trabajaremos en la construcción de un acuerdo nacional para la tolerancia y la pluralidad, con una nueva constitucionalidad.
En lo inmediato, debemos proponer dos reformas indispensables para comenzar las transformaciones políticas y económicas que el país requiere. Estas reformas son la electoral y la hacendaria.
Reforma Electoral
Como partido político nacional uno de nuestros objetivos primordiales será proponer una profunda reforma legal e institucional en materia electoral que nos permita competir en democracia con equidad y legalidad. Las principales propuestas por las que lucharemos serán:
*Reformar el IFE y el TEPJF para que sean verdaderamente órganos de interés público responsables frente a la sociedad, estableciendo claramente sus límites y obligaciones.
*Transformar el Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral, para impulsar reformas que consoliden el marco legal de los procesos electorales con el propósito de que un solo instituto sea responsable de organizar los procesos electorales en el nivel federal y estatal, para reducir el costo económico en la organización de los mismos y en el financiamiento público que se otorga a los partidos y agrupaciones políticas.
*Renovar la actual integración del IFE y legislar para impedir que los nuevos consejeros electorales ocupen puestos de elección popular y cargos públicos durante los dos años inmediatamente posteriores al término de su encargo.
*Reducir los tiempos del proceso electoral y armonizar los calendarios electorales.
*Reducir el tope de financiamiento legal con recursos de origen privado
*Prohibir la contratación directa por parte de los partidos políticos de espacios publicitarios en los medios de comunicación.
*Eliminar el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos y candidatos.
*Sancionar durante el proceso electoral a quienes violen los topes de gastos de campaña y/o reciban aportaciones del extranjero o de fuentes ilegales o no permitidas.
*Permitir el registro de candidaturas comunes y reducir requisitos para formar coaliciones.
Reforma Hacendaria Integral
La polarización en la que estamos inmersos no es producto únicamente de los procesos electoral y postelectoral. El neoliberalismo ha profundizado las diferencias de carácter económico en nuestra sociedad. Para terminar con una sociedad profundamente dividida, tanto económica como políticamente, se requiere que un Estado democrático y social, por mandato constitucional, que juegue un papel protagónico en el combate a la desigualdad, reorientando las políticas públicas y los recursos de la federación, de modo que exista una política congruente que combata, por un lado, la pobreza y, por otro, fomente el crecimiento económico.
El Estado democrático y social tiene que asumir plenamente sus responsabilidades económicas fundamentales, consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de todos sus ciudadanos, que constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción ventajosa en el mercado mundial.
La instrumentación de esta estrategia requiere que el poder público asuma un papel importante en la rectoría, regulación y promoción del desarrollo, lo que deberá plasmarse en un nuevo orden jurídico.
En concordancia con lo anterior, trabajaremos para llevar a cabo reformas inmediatas y de largo plazo en materia económica en beneficio de las grandes mayorías.
En primer lugar, debido a que existe un clima favorable para ello, concentraremos nuestros esfuerzos para concretar una Reforma Hacendaria Integral, incluyendo sus cuatro componentes fundamentales: ingreso-gasto-deuda-pública, y fiscalización, basada en los principios constitucionales de equidad y progresividad. Para tal efecto, debe revisarse todo el sistema impositivo y su administración con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social, gravando, a partir de los principios de generalidad y simplicidad, más a quienes más tienen, combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales y liberando a las finanzas públicas de su excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Asimismo, mantendremos nuestra postura a favor de la exención del IVA, por razones de equidad social, en alimentos, medicamentos y bienes culturales (periódicos, revistas y libros, etc.) y darle un mayor peso en el ingreso fiscal a la tributación directa.
La composición plural de la nueva legislatura federal permitirá avanzar en el federalismo hacendario, por medio del otorgamiento los gobiernos de los estados y municipios mayores potestades tributarias y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para modificar el esquema de reparto entre las entidades federativas y la federación.
La pluralidad mencionada puede también ser un marco favorable para acotar el presidencialismo en materia económica por medio de reformas para limitar la discrecionalidad del ejecutivo federal de contratar pasivos sin fines productivos, así como para conocer con fidelidad el total de los pasivos públicos y los avales del gobierno federal, así como el combate a la corrupción
Así, promoveremos elevar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la austeridad en el gasto público. Para la administración tributaria, se promoverán metas para ampliar la base de contribuyentes, respetando sus derechos.
30 de abril, 2007
